La video-vigilancia responde a una medida de seguridad pública en un   lugar tan abierto al público como una Universidad, y no a un fin declarado y   específico de control de la actividad laboral. Por ello, privada la   persona de las facultades de disposición y control sobre sus datos   personales, lo es también de su derecho fundamental a la protección de datos,   lo que obliga a anular tanto las resoluciones judiciales impugnadas como la   resolución rectoral que impuso las sanciones de suspensión de empleo y   sueldo.