Declarado ilegal el periodo de prueba de un año del contrato de apoyo a emprendedores

Un   trabajador que suscribió contrato de trabajo indefinido de apoyo a   emprendedores con un periodo de prueba de un año es despedido ocho días antes   del cumplimiento del mismo.

Aunque el  trabajador alega que el periodo de prueba que establece el Convenio colectivo   de aplicación es de dos semanas para el personal obrero, ampliable a seis meses, la empresa se opone al haber formalizado el contrato de apoyo a  emprendedores cuyo periodo de prueba ha de ser de un año en todo caso (RDL 3/2012 art.4.3).

La   sentencia declara el despido improcedente  por considerar que esta   disposición s contraria a la Carta Social Europea, norma internacional que   forma parte de nuestro derecho interno, que dispone que para garantizar el   ejercicio efectivo del derecho a una remuneración equitativa, las partes   contratantes se comprometen a reconocer el derecho de todos los trabajadores   a un plazo razonable de preaviso en caso de terminación del empleo (Carta   Social Europea art.4.4).

Siendo el   Comité Europeo de Derechos Sociales el órgano encargado de velar por la   correcta aplicación de la Carta, sus decisiones son vinculantes para los   órganos jurisdiccionales nacionales. De este modo, tras reclamación colectiva  de Grecia, este Comité ha considerado contrario a la Carta Social Europea un  periodo de prueba de un año que no prevé ni plazo de preaviso ni   indemnización a su finalización (Decisión Comité Europeo de Derechos Sociales   23-5-12, Reclamación 65/2011).

Es en esta   Decisión en la que la sentencia se apoya para determinar que la regulación   del contrato de apoyo a emprendedores no fija ni plazo de preaviso ni   indemnización  durante el periodo de prueba de un año es contraria a la   Carta. Los requerimientos del puesto de trabajo del actor, peón que lleva   neumáticos de un sitio a otro, no necesitan de un año para que el empleador   evalúe sus capacidades, por lo que se está convirtiendo este contrato en un   contrato temporal carente de causa, algo prohibido en nuestro ordenamiento   jurídico (ET art.15).

Añade la   sentencia, aludiendo a la Decisión anterior, que aunque el RDL 3/2012 se dicta   en un contexto de crisis económica, sus repercusiones sobre los derechos  sociales no pueden suponer una reducción de la protección de los derechos  reconocidos en la Carta, siendo obligación de los Gobiernos adoptar las  medidas necesarias para protegerlos.